Por Dirwings Arrieta
En un acto que ha conmocionado a la comunidad internacional, más de 250 ciudadanos venezolanos han sido deportados desde Estados Unidos directamente a las cárceles de El Salvador, sin que mediara proceso judicial alguno que respaldara tal decisión.
Esta medida, ejecutada bajo el beneplácito del presidente salvadoreño Nayib Bukele y ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump, representa una flagrante violación a los derechos humanos fundamentales y al debido proceso que todo individuo merece, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria.
El presidente Nicolás Maduro ha calificado a Bukele como un «violador serial de Derechos Humanos», una expresión que refleja la gravedad de la situación que enfrentan estos venezolanos. La deportación masiva se ha llevado a cabo sin considerar las circunstancias individuales de cada caso, sin permitir la defensa legal adecuada y, más preocupante aún, enviando a personas directamente a un sistema penitenciario extranjero sin que exista una condena firme que justifique tal medida.
Lo que hace esta situación aún más alarmante es que diversas organizaciones de derechos humanos y testimonios de familiares han señalado que la gran mayoría de estos detenidos podrían ser inocentes de los cargos que se les imputan.
Sin embargo, han sido arrojados a un sistema carcelario conocido por sus condiciones extremas, implementadas bajo la política de «mano dura» de Bukele contra las pandillas, pero que ahora afecta a ciudadanos extranjeros sin vinculación comprobada con actividades delictivas.
Lo paradójico y doloroso para muchos venezolanos es la posición adoptada por figuras de la oposición venezolana como María Corina Machado y Leopoldo López, quienes lejos de defender los derechos de sus compatriotas, han manifestado su apoyo a estas medidas xenófobas y violatorias del derecho internacional. Esta actitud revela una preocupante disposición a sacrificar el bienestar de venezolanos vulnerables en aras de alinearse con políticas represivas si estas provienen de gobiernos con los que comparten afinidad ideológica.
El silencio cómplice o el apoyo explícito de estos líderes opositores ante una medida que criminaliza la nacionalidad venezolana representa una traición a los valores fundamentales que deberían guiar a cualquier figura política que aspire a representar los intereses de su pueblo. En lugar de condenar esta deportación masiva y exigir un trato justo para sus compatriotas, han optado por validar un proceso que viola tratados internacionales y principios básicos de justicia.
El traslado de estos venezolanos a El Salvador, sin que exista un convenio bilateral de extradición específico para estos casos entre Estados Unidos y el país centroamericano, constituye además una violación al derecho internacional y a los procedimientos establecidos para la cooperación judicial entre naciones. Esta acción conjunta entre Trump y Bukele establece un peligroso precedente donde las personas pueden ser utilizadas como fichas en juegos geopolíticos, sin consideración alguna por sus derechos individuales.
La comunidad internacional no puede permanecer indiferente ante este atropello. Organizaciones de derechos humanos, organismos multilaterales y gobiernos comprometidos con el respeto a la dignidad humana deben exigir transparencia en estos procesos, garantías de debido proceso para los detenidos y, sobre todo, que no se criminalice a personas por su nacionalidad.
El caso de estos venezolanos deportados a El Salvador debe servir como un llamado de atención sobre cómo las políticas migratorias restrictivas y las medidas populistas en materia de seguridad pueden derivar en graves violaciones a los derechos humanos. La lucha contra el crimen organizado y la gestión migratoria, por legítimas que sean como preocupaciones gubernamentales, nunca deben servir de excusa para atropellar los derechos fundamentales ni para implementar medidas discriminatorias basadas en la nacionalidad.
La expresión de el presidente Nicolás Maduro, pone el dedo en la llaga de una realidad innegable: estos ciudadanos venezolanos han sido víctimas de un proceso que viola principios fundamentales del derecho internacional y de los derechos humanos. Y lo más grave es que figuras que deberían defender a todos los venezolanos por igual, independientemente de su afiliación política, han optado por darle la espalda a sus compatriotas cuando más necesitan una voz que defienda su dignidad y sus derechos.
En un mundo donde la xenofobia y el nacionalismo exacerbado ganan terreno, es imperativo recordar que los derechos humanos son universales e inalienables. Ninguna persona debería ser privada de ellos en función de su origen nacional, su estatus migratorio o sus convicciones políticas. El trato dado a estos venezolanos en El Salvador constituye una mancha en la conciencia colectiva que debería preocupar a todos aquellos comprometidos con la justicia y la dignidad humana, independientemente de fronteras o ideologías.
Migrar no es un delito… las Sanciones si.
Juntos Nosotros Venceremos
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