La denuncia está fundamentada en tres comentarios de los dirigentes en los que se denostaba la moneda nacional frente a la divisa estadounidense e instaban al público a comprar dólares
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, denunció este miércoles al candidato de la ultraderecha Javier Milei y a otros dirigentes del partido La Libertad Avanza (LLA) por «intimidación pública», al considerar que sus expresiones influyeron decisivamente en el desplome del peso frente al dólar registrado en la víspera.
En el informativo matutino de la Televisión Pública, se precisó que además de Milei, la querella también recae contra el candidato a jefe de Gobierno de capital por el partido del ultraderechista, Ramiro Marra, y el aspirante a diputado de la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo.
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La denuncia está fundamentada en tres comentarios de los dirigentes en los que se denostaba la moneda nacional frente a la divisa estadounidense e instaban al público a comprar dólares, mientras que la causa estará a cargo de la jueza María Servini.
Aunque en la acusación se admite que la inestabilidad cambiaria es la resulta de un conjunto de factores, se destaca el efecto «decisivo» de las incendiarias
declaraciones de Milei en la suba de la moneda nacional, pues al escenario de alta incertidumbre económica se añadió el peso de su palabra como candidato puntero en las encuestas para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, pautadas para el venidero 22 de octubre.
Reacciones
Una vez se hizo pública la denuncia interpuesta por el presidente argentino contra los dirigentes de LLA, los sindicados restaron importancia al evento y, en su lugar, cargaron contra Fernández.
«La casta tiene miedo. La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo», escribió Milei en su cuenta de X, como respuesta a un informe de un medio local sobre el tema, mientras que Marra dijo que el mandatario apareció «para hacer boludeces» (tonterías) «y no para gobernar».
En la misma red social, Romo ironizó sobre la denuncia presidencial y reposteó varios mensajes en los que se tacha de «delincuentes» a los miembros del Ejecutivo y se califica la querella de «actitud fascista» y atentado contra la democracia.
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