«Nos preocupa también el hecho que El Salvador reciba presos de otros países, ya sea porque han cometido grandes crímenes o por ser migrantes indocumentados», manifestó el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas
La Iglesia católica de El Salvador expresó este domingo su preocupación por la detención en el país centroamericano de los que denominó «presos de otros países» y solicitó a las autoridades que la nación «no se convierta es una gran cárcel internacional».
La Iglesia se pronunció, a través del arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, sobre el envío desde Estados Unidos a El Salvador de migrantes, en su mayoría venezolanos, que están detenidos en la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
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El gobierno de Donald Trump llegó a un acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para poder enviar a migrantes detenidos en EE. UU. hacia el Cecot, una prisión de máxima seguridad sobre la recaen denuncias de abusos a los derechos humanos.
«Una gran cárcel internacional»
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario del país centroamericano.
«Nos preocupa también el hecho que El Salvador reciba presos de otros países, ya sea porque han cometido grandes crímenes o por ser migrantes indocumentados», manifestó Escobar Alas en una conferencia de prensa hoy.
Además, pidió a «nuestras autoridades que no permitan que se convierta nuestro país en una gran cárcel internacional».
En total, EE. UU. ha enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a la cárcel Cecot, acusándolos de pertenecer al Tren de Aragua.
Sin embargo, según un análisis publicado la semana pasada por el portal Bloomberg, un 90% de los más de 200 hombres que EE. UU. tiene encarcelados en El Salvador no tienen antecedentes penales en territorio estadounidense.
El gobierno de EE. UU. intenta expulsar a más migrantes venezolanos a El Salvador, según denunció el viernes la organización Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU), que presentó varios recursos de emergencia -que incluso se dirigieron al Supremo estadounidense- para impedir el traslado de los suramericanos.
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