La magistrada Carmen Marisela Castro y convalidada por sus colegas de la Sala Penal, Elsa Gómez y Maikel Moreno. La sentencia fue publicada el pasado 26 de marzo
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente la solicitud de extradición planteada por Venezuela para que Estados Unidos le entregue a Edgar Javier Benítez Rubio (37), alias La Fresa, señalado de participar en el asesinato del ex militar Ronald Ojeda, hecho ocurrido en Santiago de Chile entre el 21 de febrero y 1 de marzo de 2024.
Tal decisión está contenida en la sentencia 137 redactada por la magistrada Carmen Marisela Castro y convalidada por sus colegas de la Sala Penal, Elsa Gómez y Maikel Moreno. La sentencia fue publicada el pasado 26 de marzo.
Actualmente, Benítez Rubio se encuentra bajo custodia de migración en el Distrito Sur del estado de Indiana, Estados Unidos. En virtud de esa información, el 19 de febrero pasado, la Fiscalía 19 Nacional solicitó una orden de aprehensión contra Benítez Rubio, requisito indispensable para tramitar su extradición.
Lea También: Fiscal Saab: Informe de Chile sobre caso Ronald Ojeda es «pirata y mediocre»
Tal solicitud fue acordada ese mismo 19 de febrero por el Tribunal Especial 3 con Competencia en Delitos Asociados al Terrorismo, desde donde enviaron el expediente a la Sala Penal del TSJ para su pronunciamiento final.
En ese expediente se lee que el 12 de abril de 2024 el Ministerio Público abrió una investigación para determinar la presunta participación de cinco venezolanos en el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, un ex militar que había participado en varias operaciones destinadas al derrocamiento del presidente Nicolás Maduro y Chile le otorgó protección.
La investigación de Fiscalía se abrió motivado a la solicitud del Ministerio Público de Chile para que Venezuela colaborara en las indagatorias abiertas en ese país con ocasión del asesinato de Ojeda.
Las investigaciones de la fiscalía venezolana señalan como presuntos responsables de ese hecho criminal a los venezolanos Luis Alfredo Carrillo Ortíz (El Gocho), Carlos Francisco Gómez Moreno (Boby), Dayonis Junior Orozco Castillo (Botija), capturados en Colombia y Rafael Enrique Gámez Salas (El Turco), detenido en Estados Unidos. Además de alias La Fresa.
Alias La Fresa y los otros cuatro venezolanos son señalados de pertenecer a la banda Los Piratas de Aragua, quienes se presentaban como una célula del extinto Tren de Aragua.
Al mando de ese grupo estaba alias El Turco, preso actualmente en Estados Unidos. Ellos fueron contratados para que ejecutaran al ex militar venezolano Ronald Ojeda, crimen atribuido al crimen organizado, según las primeras investigaciones de Chile.
Por ello, cuando la fiscalía venezolana solicita la orden de aprehensión contra los cinco sujetos, argumenta que dichos hombres son señalados de integrar «la estructura criminal más poderosa de Venezuela, y la única que ha logrado afianzarse en fronteras extranjeras, dejando de ser una pandilla carcelaria confinada, para convertirse en múltiples células transnacionales con un amplio portafolio criminal».
Aun cuando el Ministerio Público no menciona el nombre de esa «pandilla carcelaria confinada», se conoce que, desde el Centro Penitenciario de Aragua, ubicado en la población de Tocorón, operaba en llamado Tren de Aragua, grupo delincuencial dedicado al tráfico de drogas, cobro de vacunas y sicariatos, entre otros.
Ese mando central del Tren de Aragua quedó desarticulado el 20 de septiembre de 2023 cuando el Gobierno tomó la denominada Cárcel de Tocorón, tal como lo proclamó el entonces ministro de Interiores, Remigio Ceballos.
Pese a ello, la Fiscalía venezolana especifica que esa banda criminal está dedicada a cometer actos terroristas dentro y fuera de Venezuela «utilizando como modus operandi el valerse de vestimentas alusivas a funciones públicas sin pertenecer a ningún ente u organismo de seguridad, generando con ello la desestabilización en el correcto funcionamiento de las instituciones políticas, económicas y sociales».
Los aludidos sujetos se presentaron el 21 de febrero de 2024 en la residencia de Ronald Ojeda portando prendas de la Policía de Investigaciones de Chile y lo sacaron en ropa interior, según videos. Posteriormente, el cadáver de Ojeda fue desenterrado el 1 de marzo de ese año en Maipú, Santiago de Chile, determinándose que murió por asfixia mecánica.
El Tratado
La solicitud para traer al país a alias La Fresa, presunto partícipe de ese crimen, se fundamenta en el Tratado de Extradición suscrito en Caracas el 19 de enero de 1922 entre Venezuela y Estados Unidos, donde se establece que ambas naciones «convienen en entregar a la justicia, mediante petición hecha con arreglo a lo que en este Convenio se dispone, a todos los individuos acusados o convictos de cualquiera de los delitos cometidos dentro de la jurisdicción de una de las Altas Partes Contratantes». El homicidio es uno de esos delitos.
También Venezuela invoca la aplicación de las leyes nacionales, en este caso el artículo 4 del Código Penal que establece el juicio en Venezuela para «los venezolanos que, en país extranjero se hagan reos de traición contra la República y los que, unos contra otros, cometan hechos punibles según sus leyes…», refiere la sentencia.
En ese punto, los magistrados aclaran que, a pesar que los hechos (secuestro y asesinato de Ojeda) no ocurrieron dentro de Venezuela, la citada norma prevé la posibilidad de concederse la extradición ‘«cuando el delito que se le imputa, amerita la aplicación de una pena en nuestra legislación, aunado al hecho de haber sido cometido entre nacionales, a pesar de encontrarse en un espacio geográfico distinto’».
Basado en esas consideraciones la Sala Penal declaró procedente la solicitud de extradición.
Por otra parte, el gobierno de Donald Trump anunció hace dos semanas que enviaría a Chile a tres venezolanos catalogados como «enemigos extranjeros»: Adrián Rafael Gámez Finol (El Turco) Miguel Oyola Jiménez y Edgar Javier Benítez Rubio (La Fresa).
Dicha deportación fue congelada debido a la decisión del 15 de marzo pasado tomada por James Boasberg, juez de una corte de Distrito de Washington, quien suspendió temporalmente las deportaciones en el marco de la Ley del Enemigo Extranjero, aplicada por Trump para expulsar a venezolanos.
Comente